
Los nuevos modelos de negocio digitales, así como la complejidad de algunas operaciones de comercio electrónico, encuentran en la red el nicho idóneo para la derivación de los beneficios hacia territorios en los que existe una menor o nula tributación, y también la forma de incumplir, en ocasiones, con las obligaciones tributarias. Ello dificulta enormemente la fiscalización de este tipo de operaciones, así como el control del fraude por las administraciones tributarias. La rápida evolución de las nuevas tecnologías pone en evidencia muchas veces a los legisladores, que, en ocasiones, se quedan desfasados con respecto a las complejas operaciones que surgen casi a diario en el mundo virtual, y obliga a las administraciones a un ejercicio continuo de actualización y adaptación de las normas para ajustarse a la nueva realidad que trae consigo la economía digital.