El derecho de los parlamentarios a recabar documentación administrativa. Nuevas perspectivas jurisprudenciales a raíz de su creciente judicialización

Desde hace poco más de un lustro, por vez primera en nuestra historia democrática, el derecho de los parlamentarios a recabar documentación de las administraciones públicas se ha judicializado en la vía contencioso-administrativa.Un cúmulo de casos con un único foco común: las tensas relaciones gobierno-parlamento en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Dicha conflictividad ha dado lugar, en el transcurso de estos años, a un elevado número de resoluciones tanto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana como del Tribunal Supremo. Un total de más de cuarenta sentencias que han incidido de forma considerable en la delimitación de este derecho. El presente artículo examina dichas resoluciones judiciales y ofrece un análisis global de los criterios interpretativos contenidos en las mismas. Una tarea de exégesis que se ha realizado sin perder de vista la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional acerca de esta misma cuestión.