Cuestiones fundamentales del “criminal compliance” en cuanto a la responsabilidad e imputación penal de las personas jurídicas

Cada vez con mayor frecuencia el Derecho penal se ocupa de la actividad de los ciudadanos dirigida a la utilización de la riqueza. Las respuestas adecuadas frente a los delitos en el ámbito empresario deben ponderar particularidades del factor criminógeno de las personas jurídicas, potenciado por la pertenencia a un grupo, la mayor lesividad, el acceso a más medios y más sofisticados, asesoramiento de expertos y la dificultad para la individualización del responsable en función de las limitaciones para identificar a la persona física cuya decisión y cuya acción se plasmó en el ilícito. Además, desde una perspectiva pública se configura una creciente preocupación del Estado por el diseño de una política criminal que pueda dar respuesta a la creciente criminalidad empresarial que recurre a la estructura corporativa como herramienta para la comisión de delitos; la empresa aparece en este esquema del sistema penal como un nuevo sujeto de imputación de responsabilidad. Como consecuencia de esta coyuntura, debe tenerse presente que el auge de los programas de cumplimiento junto con la puesta en marcha de sistemas de compliance suele enmarcarse dentro de una concepción ética de la actividad empresarial, lo cual no debe confundirse con el marco taxativo y subsidiario que caracteriza al Derecho penal, y analizar el rendimiento de los programas de criminal compliance y su utilidad para condenar, exonerar o atenuar la responsabilidad penal de las empresas y de las personas que las dirigen.