La apuesta por la mejora de las condiciones laborales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Aun cuando la contratación pública no está diseñada para que sea un medio de fomento directo ni de control específico de medidas sociales, la verdad es que puede tener un extraordinario poder de conformación sobre el tejido empresarial; no en vano quienes quieran acceder a los procedimientos de licitación pública y resultar finalmente adjudicatarios deben cumplir forzosamente con las condiciones y exigencias predefinidas de antemano por los poderes adjudicadores. Bajo tal premisa, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, apuesta por la incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales en las distintas fases del proceso de contratación con el fin de mejorar el régimen laboral de los trabajadores afectados.