La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de delito: sus lagunas y consecuencias en el ámbito de la traducción y la interpretación

No se puede negar que el fenómeno migratorio se ha visto intensificado y, como consecuencia, muchos inmigrantes que desconocen nuestra lengua necesitan ser asistidos judicialmente. A nivel nacional son varios los instrumentos y leyes que de una u otra forma recogen el derecho a la traducción y a un intérprete en el entorno legal, teniendo en cuenta que el inmigrante puede necesitar la presencia de un intérprete como acusado, pero también como víctima. No obstante, nos encontramos con que la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de delito cuentan en su articulado con elementos que no garantizan la igualdad de condiciones en las relaciones con la justicia de aquellas personas que no comparten el idioma del tribunal, y permiten que cualquiera lleve a cabo dicha labor de traducción e interpretación.