La ampliación de la iniciativa legislativa popular

El nuevo Estatuto andaluz recoge, pues, la participación política ciudadana en diversos planos. En realidad, desde hace ya bastantes años, constituye un lugar común en la literatura especializada articular y sistematizar los mecanismos de participación a través de “escaleras de participación”2, en cada uno de cuyos peldaños se situarían las diversas técnicas en función del papel que atribuyen a los ciudadanos y organizaciones sociales. En el nivel más bajo, vendrían a agruparse aquellas prácticas consistentes en la mera información a una ciudadanía que, habitualmente, se circunscribe al papel pasivo de ser exclusivamente receptora de la misma. En el segundo plano, se ubicarían las diferentes fórmulas que reconocen a los individuos y grupos el derecho a emitir su opinión, aunque concebidas como simples mecanismos consultivos. Finalmente, en el peldaño superior se concentrarían las fórmulas más intensas de participación, caracterizadas por operar un traslado real del poder político a la ciudadanía, en la medida en que se les reconoce una verdadera capacidad decisoria. E incluso, dando un paso más, cabría distinguir en este último grupo aquellas fórmulas participativas en que la presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones se proyecta a la fase de control, atribuyéndoseles la capacidad de exigir medidas de compensación o sanción a las autoridades gubernamentales en caso de incumplimiento o actuación irregular.