Servicio doméstico y actividad de cuidados en el hogar: la encrucijada desde lo privado y lo público

Los cambios sociales y demográficos propios de las sociedades actuales dan paso a la necesidad de reconfigurar el funcionamiento habitual de los cuidados: las demandas aumentan y se diversifican, mientras que disminuye la capacidad real de su cobertura por parte de las familias. Las respuestas desde el Estado ante este desequilibrio son claramente insuficientes, propias de un Estado asistencialista que desplaza la responsabilidad del cuidado al ámbito familiar y que principalmente asumen las mujeres. Ante esta tesitura, las familias recurren a la externalización de los cuidados. Como estrategia privada destaca especialmente el recurso a la contratación de servicio doméstico, que deja de asociarse a la posición social. Si bien la contratación de personas para el cuidado implica una forma de reconocer económicamente labores que nunca han sido consideradas productivas, la regulación normativa del sector es insuficiente y refleja un claro desinterés jurídico y político. Estamos ante una encrucijada de los cuidados que no encuentra solución ni desde lo privado ni desde lo público: en primer lugar, la familia no puede dar respuesta a la necesidad de cuidado. En segundo lugar, el Estado no aporta soluciones públicas suficientes. Por último, la regulación del servicio doméstico, que impone una desigualdad clara frente al resto de trabajadores del régimen general, sume a trabajadoras y por lo tanto a los demandantes de cuidado en una situación de vulnerabilidad.