El sinuoso e inconcluso proceso de adhesión de España a la Carta Social Europea: resistencias, imperfecciones y retos de futuro

La relación de España con la Carta Social Europea (CSE) ha venido marcada por la indiferencia y por la ausencia de compromiso. Cuando en 1978 España se adhiere al Tratado, las esperanzas eran muchas. Sin embargo, durante estas cuatro décadas, la CSE ha ido penetrando en nuestro ordenamiento jurídico de forma esporádica, inconexa y con escasa coherencia. Las razones que pueden explicar esta situación son muchas, pero, sobre todas ellas, la escasa relevancia que ha venido teniendo la CSE en España debe ser ligada necesariamente al reducido interés que ha suscitado este Tratado en la clase política. Esta situación se ha revertido, siquiera parcialmente, en los últimos años; y ello, por las resoluciones de ciertos jueces y tribunales que, en un entorno de crisis económica y de progresiva laminación de los derechos sociales, toman conciencia de la CSE y proceden a aplicarla como estándar de protección más favorable, declarando inaplicable la legislación nacional en algunos de los casos enjuiciados por ser contraria al compromiso internacional asumido por España. Esta labor judicial desencadena un repentino interés de los actores políticos por la CSE, que se ha visto finalmente materializado, aunque de modo imperfecto y fragmentado, en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019.