Reflexiones jurídicas en torno a la participación de la sociedad civil en los Comités de Desarrollo Regional de Estados y Municipios Mineros en México

A partir de los noventa diversas naciones de América Latina se dieron a la tarea de actualizar y adaptar sus legislaciones mineras en dos grandes vertientes: garantizar jurídicamente un desarrollo sustentable y vigilar con mayor énfasis las inversiones en el ramo para regular los diversos impactos que generan las empresas que se encuentran asentadas en determinadas localidades. México es uno de ellos. La aplicación de instrumentos legales permite a la autoridad gubernamental construir una plataforma fiscal en impactos ambientales y de desarrollo regional. El Congreso de la Unión aprobó en 2014 diversas disposiciones de derechos sobre minería, destacando adiciones a los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos con la finalidad de apoyar a comunidades mineras. Se implementó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de habitantes de las zonas de extracción minera. A través de esta investigación se realizan reflexiones jurídico-sociales en torno al ejercicio y distribución del Fondo Minero como retribución de recursos a las comunidades mineras del país mediante obras de impacto social y se analiza la integración y facultades del Comité de Desarrollo Regional para las zonas implicadas bajo un esquema de participación ciudadana efectiva.