Open AccessFormas del Estado de Derecho y delimitación del derecho al Buen Gobierno
Author(s) -
Mercedes Galán Juárez
Publication year - 2010
Publication title -
arbor
Language(s) - Spanish
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.154
H-Index - 15
eISSN - 1988-303X
pISSN - 0210-1963
DOI - 10.3989/arbor.2010.745n1238
Subject(s) - principle of legality , constitution , politics , constitutionalism , legitimacy , dignity , political science , law , law and economics , rule of law , fundamental rights , objectivity (philosophy) , human rights , sociology , democracy , philosophy , epistemology
This article analyzes the suitable legal and political framework for citizens to exercise their right to good government. After describing the social condition of human beings that leads them to come together and bind themselves to a political organization through a social contract, the different historical forms of the Rule of Law are analyzed up to the Constitutional Rule of Law. The current Constitutionalism combines the principles of legality and legitimacy. This means that the validity of a regulation from a strictly formal perspective is not sufficient; its content must also respect the values, principles and fundamental rights established in the Constitution. The Spanish Constitution of 1978 emphasizes the significance of the individual and individual dignity (Section 10.1) and the instrumental role of the Public Administration as a political organization which shall serve the general interests in a spirit of objectivity (Section 103.1). This is the appropriate legal framework for achieving not only the efficiency and effectiveness of the government, but also the quality of its services.
Furthermore, the government has ethical commitments to its citizens, which entails carrying out policies which are consistent with these commitments and avoiding policies which are not. This legal, political and ethical exposition makes it possible to understand good government in all its complexity.
Este artículo analiza cuál es el marco político y jurídico adecuado para que los ciudadanos hagan efectivo su derecho al buen gobierno. Después de exponer la condición social del hombre que le lleva a agruparse con otros hombres y a vincularse a una organización política por medio de un pacto o contrato social, se analizan las distintas formas históricas del Estado de Derecho hasta llegar al Estado Constitucional de Derecho. El Constitucionalismo actual aúna el principio de legalidad y legitimidad, lo que significa que no basta con que una norma sea válida desde un punto de vista estrictamente formal sino que se requiere que su contenido respete los valores, principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Por su parte, la Constitución Española de 1978, al resaltar la centralidad de la persona y su dignidad (art. 10.1) y destacar el valor instrumental de la Administración pública como organización política al servicio objetivo de los intereses generales (art. 103.1), establece el marco jurídico adecuado para conseguir no sólo la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, sino la calidad de sus servicios. Asimismo, el gobierno tiene unos compromisos morales con los ciudadanos, lo que conlleva realizar políticas coherentes con dichos compromisos y prevenir y perseguir las que no lo sean. Este planteamiento jurídico, político y ético hace posible entender el buen gobierno en toda su complejidad
Este artículo analiza cuál es el marco político y jurídico adecuado para que los ciudadanos hagan efectivo su derecho al buen gobierno. Después de exponer la condición social del hombre que le lleva a agruparse con otros hombres y a vincularse a una organización política por medio de un pacto o contrato social, se analizan las distintas formas históricas del Estado de Derecho hasta llegar al Estado Constitucional de Derecho. El Constitucionalismo actual aúna el principio de legalidad y legitimidad, lo que significa que no basta con que una norma sea válida desde un punto de vista estrictamente formal sino que se requiere que su contenido respete los valores, principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Por su parte, la Constitución Española de 1978, al resaltar la centralidad de la persona y su dignidad (art. 10.1) y destacar el valor instrumental de la Administración pública como organización política al servicio objetivo de los intereses generales (art. 103.1), establece el marco jurídico adecuado para conseguir no sólo la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, sino la calidad de sus servicios. Asimismo, el gobierno tiene unos compromisos morales con los ciudadanos, lo que conlleva realizar políticas coherentes con dichos compromisos y prevenir y perseguir las que no lo sean. Este planteamiento jurídico, político y ético hace posible entender el buen gobierno en toda su complejidad