Derecho a la salud de personas detenidas o en prisión: la lección de una pandemia

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de COVID-19 que asolaba al mundo; el contexto de alarma sanitaria mundial provocó, a nivel internacional, múltiples acciones como la instauración de un Fondo de Respuesta Solidaria contra la COVID-19 y el desarrollo del Ensayo clínico Solidaridad, que tiene por objeto buscar el tratamiento médico más adecuado para hacer frente al virus SARS-CoV-2. En el ámbito nacional, desde los gobiernos nacionales hasta los municipales, se tomaron medidas para contener los contagios y reducir los altos niveles de mortalidad generados por la pandemia. De manera prioritaria se emitieron recomendaciones e instrucciones para proteger a las personas identificadas como vulnerables tales como personas adultas mayores; personas con antecedentes o presencia de afecciones médicas; mujeres embarazadas; personas migrantes; y, personas viviendo en entornos cerrados, que agrupa a las personas privadas de su libertad, de manera preventiva o como parte de una sanción. El derecho a la salud es fundamental y, en el caso de las personas privadas de su libertad es preponderante conocer las obligaciones que genera a fin de que se establezcan los mecanismos necesarios para garantizarlo, considerando las experiencias resultantes de grandes eventos como una pandemia mundiales.