La prueba ilícita en la era digital.

En las últimas décadas, el desarrollo y masificación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) ha impactado en el modo de vivir y de relacionarnos. La generalidad de los especialistas, de diversas áreas del conocimiento, estudia este fenómeno y sus efectos, en tanto se trata de un problema transversal que incide en todo tipo de prácticas y organizaciones, y el ordenamiento jurídico no es ajeno a ello. En la praxis procesal, teniendo en cuenta el contenido de las pretensiones que llegan al fuero del trabajo y como una manifestación del impacto tecnológico en el mundo del trabajo, se han tornado habituales los planteos que guardan relación con la incorporación de elementos y producción de medios de prueba ligados al uso de las TIC, por lo que han adquirido notable interés los presupuestos que hacen a la eficacia y validez de la prueba. Por otro lado, en el marco de los debates sobre la efectividad de los derechos constitucionales en el proceso, la actividad probatoria está siendo objeto de especial atención dado que en los ordenamientos jurídicos actuales la facultad de presentar pruebas forma parte del contenido de la garantía de acceso a la justicia y del derecho de defensa, pues la posibilidad de probar los hechos en que se apoyan las pretensiones de las partes es condición necesaria para su efectividad. En este trabajo, desde la óptica del derecho procesal, en general, y del derecho procesal laboral, en particular, se identifican problemas relativos a la validez probatoria, cuando lo que se pretende incorporar o producir en el proceso son elementos probatorios informáticos (EPI)2, y se analizan las vías procesales previstas para su tratamiento en el ordenamiento laboral de Córdoba, con especial referencia a la exclusión probatoria.