El principio de transparencia y la contratación pública en Panamá

La transparencia es uno de los principios, que han quedado establecidos universalmente, desde hace ya cuatros lustros, como necesarios para el desarrollo ordinario de la democracia. Por tanto, las sociedades modernas, basadas en el estado de derecho, no se piensan, si se omite la correcta relación, entre gobernados y gobernantes. El idilio de gobernar un país, al amparo de un poder oficial sombrío, sin limitaciones, que ejercita sus actuaciones administrativas arbitrariamente, en beneficio de grupos selectos de personas, copartidarios, socios, familiares y allegados éste, encuentra senda cortapisa, cuando la sociedad, a través de sus instituciones democráticas, van creando líneas claras de gestión pública, para el desarrollo de las buenas prácticas en su administración. Este principio, no es más que un conjunto de reglas, al que la organización social, decide libremente proteger, someterse y hacer cumplir. Es así, pues, que cada una de las actuaciones del estado, en relación a las necesidades de los administrados, que van desde el cumplimiento de los fines y objetivos planteados por los gobiernos de turno o políticas estadales, hasta las relaciones en las que derechos e intereses propios de los asociados, se ven en juego, no quedan reducidas a una serie de recaudos documentales, sino a la amplitud del conocimiento de todos los interesados, y de quienes no lo son, alimentados por el deseo de que la cosa pública, sea correctamente manejada, gestionada o administrada. Este es uno de los principios del derecho administrativo contemporáneo, que tiene como función brindar paz a la sociedad. Esta última solamente se logra en un estado que logra elevar el respeto hacia los derechos humanos de las personas, por encima de los intereses subyacentes del poder y de sus vicios.