La apertura de la legislación boliviana a la solución por arbitraje de conflictos que podrían ser calificados como delitos

La Constitución Política promulgada en 2009 define a Bolivia como un Estado que promueve el diálogo y la cultura de paz. Consecuentemente, el 2015 se promulgó la Ley de Conciliación y Arbitraje, a fin de fomentar dicha cultura de paz y aligerar la carga procesal. Paralelamente, el sistema penal arrastra una profunda crisis, la cual se evidencia en la sobrecarga procesal y la retardación de justicia. En virtud a dichos antecedentes, la posibilidad de resolver por arbitraje conflictos susceptibles de ser calificados como delitos fue objeto de múltiple análisis dentro de la jurisprudencia constitucional, existiendo líneas jurisprudenciales contradictorias en cuanto a dicha posibilidad, como consecuencia de su antagonismo con el principio de legalidad procesal. Por tanto, esta investigación pretende determinar si de conformidad con la legislación vigente se podría plantear la aplicación del arbitraje para dirimir los mencionados conflictos, además de analizar la necesidad y los beneficios que tendría la medida dentro del contexto nacional. En ese sentido, se determinó que el arbitraje es acorde a los principios y límites establecidos por la legislación vigente y su utilización supondría grandes beneficios; consecuentemente, se recomienda su aplicación en aquellos delitos que no supongan la afectación de los bienes jurídicos más importantes.