La participación ciudadana y su relación con el acceso a la información pública

Iniciar el proceso de participación ciudadana es, al mismo tiempo el comenzar a peregrinar un proceso de cambio cultural. Los grupos que en México y en Sinaloa impulsan este cambio —desde el Estado, desde las organizaciones religiosas, desde las empresas privadas, desde los organismos financieros internacionales o, incluso sin saberlo, desde las organizaciones no gubernamentales—, han ido tomando conciencia de la importancia y necesidad de hacer participar a las personas y a la sociedad, a la vez que los grupos y comunidades que han resistido el cambio impuesto, se han visto obligados a modificar sus prácticas y representaciones ante esta novedosa situación “global” que algunos han calificado como capitalismo informacional y que influye decididamente en la manera de cómo hacer participar a las personas. Así la información que desde hace poco tiempo se constituye como una prerrogativa jurídica se sitúa como un elemento fundamental para acrecentar los incipientes procesos de participación ciudadana. Frente a esto la modernidad cultural, científica, tecnológica, jurídica, económica e ideológica ha encontrado un posible antídoto: la información, la cual estructurada satisfactoriamente puede servir de incentivo para incorporar progresivamente a las personas en un proceso de responsabilidad y cooperación. Más aún, el contar con la posibilidad jurídica de acceder a la información pública allana el camino para obtenerla y utilizarla de la mejor forma posible para así incentivar la participación activa de las personas en los cada vez más desdibujados asuntos de interés público.