Las Cortes Generales en la era de la regulación económica

El advenimiento del Estado regulador como resultado de la evolución del Estado social tras los procesos de liberalización económica ha transformado las técnicas de intervención del Estado en la economía. La denominada “regulación económica” supone un cambio de paradigma con consecuencias en el rol del Parlamento. La progresiva preeminencia del Ejecutivo, ya iniciada con su previo papel de prestador de bienes y servicios en el mercado, se acucia, entrando ahora en juego las autoridades de regulación, administraciones independientes caracterizadas por su especialización técnica, pero que plantean problemas de encaje constitucional debido a su connotación de independientes y su concentración de atribuciones de índole diversa. La presencia de las agencias reguladoras supondrá un reto institucional para las Cortes Generales, en un contexto en el que el sistema de fuentes se ha visto alterado por la aparición de nuevos agentes con potestades normativas, y donde su capacidad para la definición del interés general ha derivado hacia estos nuevos sujetos, orientados por la eficiencia económica en su proceso de toma de decisiones. Ante un escenario tan incierto, la pretensión de esta reflexión es la de reivindicar la vuelta a la centralidad de las Cortes Generales como mejor garantía de la legitimidad democrática de las políticas de intervención económica. Sin negar las potencialidades del modelo de agencias en términos de expertise, se formularán una serie de propuestas para el futuro tendentes a recuperar esa centralidad mediante el replanteamiento de la configuración de estas, tratando de salvarlas de la crítica de su déficit democrático.