El derecho a la educación superior en tiempos de pandemia en un Estado constitucional de derechos.

El derecho a la educación forma parte del núcleo duro de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), ya que es un medio intrínseco e indispensable para alcanzar una vida digna. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, permitir el acceso sin discriminación y la continuidad del estudiante en el sistema educativo, el cual debe adaptarse a las condiciones sociales y culturales. En una circunstancia compleja como es una pandemia a causa del COVID-19, las actuaciones estatales y decisiones jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador, trazan el camino y marcan precedentes para el goce efectivo de este derecho, pues la educación superior posibilita el desarrollo de un país y su sociedad. En tal virtud, el Estado debe respaldar este derecho por medio de sus actuaciones estatales: regulación normativa amparada en garantizar derechos y respetar principios; políticas públicas que tracen actuaciones en estricto apego al ordenamiento jurídico y, en el supuesto que no ocurra, la Corte Constitucional será el órgano jurisdiccional encargado de velar por la garantía y respeto a la educación superior.