LAS FUNCIONES POLÍTICAS DE LA MUERTE

Resumen: Este texto analiza las ejecuciones extrajudiciales acontecidas en Colombia entre los años de 2002 y 2010, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizadas por su crueldad: primero, se intentaron justificar argumentando que los ejecutados eran “enemigos” del Estado (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, etc.), “dados de baja” en operativos defensivos de la fuerza pública, cuando realmente se trató de combates simulados con víctimas arbitrariamente privadas de su libertad y en condiciones de indefensión; segundo, los miles de casos fueron consecuencia de una política que valoró a sus agentes por el “número de bajas” de sus “enemigos”, estableciendo recompensas, premios y reconocimientos por ese motivo. Esta violencia institucional, sirvió a propósitos abyectos del poder político: hizo “populismo punitivo” con las cifras de “bajas” para la reelección presidencial; encubrió las falencias de las negociaciones con el paramilitarismo, así como la connivencia del Estado con este actor; incrementó la sensación de “seguridad ciudadana”, criminalizando la pobreza. Finalmente, desplegó varios dispositivos para garantizar la impunidad de estos crímenes, a través del fuero penal militar y, luego, tratando de reproducir los privilegios de esta jurisdicción, en el campo de Justicia Especial para la Paz.