El papel del FMI para la protección social: prometedores cambios en políticas y desafíos persistentes

Se puede afirmar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha cambiado su postura sobre la protección social, entendida como el conjunto de medidas públicas destinadas a proteger a la población de los peligros sociales y económicos en caso de reducción o pérdida de ingresos. Desde los más altos cargos del FMI, se ha afirmado que se produjo un cambio en el foco de su atención: de una concentración excesiva en ajustes estructurales, con frecuencia muy criticada, a un “nuevo” abordaje e interés en las cuestiones sociales a través del prisma de la “macrocrítica”. En el presente artículo, se estudia la evolución y el alcance de este aparente cambio, dada la importancia del papel del FMI en la protección social: las recomendaciones macroeconómicas del organismo tienen una influencia decisiva sobre las decisiones de políticas a nivel nacional en relación con la protección social, mediante mecanismos como las recomendaciones y experiencia de vigilancia, las condicionalidades sobre préstamos y el papel del FMI como facilitador ante préstamos a terceros. También se analiza la respuesta del FMI a la crisis económica originada por la pandemia de la COVID-19 a fin de evaluar hasta qué punto se han modificado sus políticas en la realidad. Mostramos que, si bien se han concretado algunos cambios promete- dores en las políticas, entre ellas, la reducción y hasta eliminación de algunas condicionalidades y la promoción de inversiones en el sector salud, la insistencia en medidas selectivas para combatir la pobreza, en lugar del fomento de pisos de protección social universales, así como el enfoque persistente en la sustentabilidad fiscal, condujeron a un abordaje ambiguo que menoscaba los avances en pos de hacer de la protección social un recurso universal, tal y como se comprometieron los gobiernos en la Recomendación 202 de la OIT (2012). Prevalece un marcado contraste entre, de un lado, los esfuerzos desplegados para satisfacer las necesidades de financiamiento de los países, y del otro, la imposición de condicionalidades en nombre de la sustentabilidad fiscal. El FMI debe adoptar un enfoque de la protección social basado en los derechos humanos, que supere su tradicional insistencia en medidas selectivas en pos de la universalidad, de manera que se logre avanzar más allá de la mitigación de los efectos de sus programas sobre secto- res vulnerables. Un primer paso en esta dirección sería incrementar la cooperación con otras organizaciones internacionales, no solo el Banco Mundial, sino también UNICEF y la OIT, así como incorporarse a los esfuerzos existentes para el establecimiento de un Fondo Global para la Protección Social.