Expertos e ignorantes: malas razones para el elitismo penal

Nuestra Constitución consagra en su art. 39 el derecho a presentar iniciativas ciudadanas de ley. Sin embargo, estas iniciativas no pueden versar sobre algunas materias vedadas entre las que se encuentra el derecho penal.  Esta restricción es tributaria de una concepción elitista del derecho penal según la cual él es especialmente complejo y las mayorías son especialmente irracionales cuando lo tratan, por lo que debería estar alejado de las pasiones populares. Este trabajo se propone mostrar que el argumento de la complejidad no es suficiente para afirmar que el derecho penal deba estar distanciado de la participación ciudadana. Para ello, se argumentará en primer lugar que no hay preguntas especialmente complejas en el derecho penal, sino que se trata en esencia de reprochar algunas conductas a nuestros conciudadanos de alguna forma específica. En tanto reprochamos conductas que nos parecen socialmente condenables, parecería ser que la sociedad tiene algo especialmente relevante para decir en el asunto. Adicionalmente, el elitismo falla al considerar las posiciones y el conocimiento de los ciudadanos en un momento previo a la deliberación colectiva. Como nos enseña la teoría de la democracia deliberativa, el conocimiento y las preferencias son endógenas al proceso político, por lo que sería un error equiparar una decisión democrática a la opinión pública. Por último, se argumentará que los expertos sí participarían en caso de permitir las iniciativas ciudadanas en materia penal, ya que seguirían teniendo un rol central tanto en el Congreso como en la deliberación a gran escala.