Pueblo, constitución y cambio

El poder ciudadano constituyente puede construir una comunidad. Dicho poder reside en la participación libre de ciudadanos iguales, que sean capaces de decidir y discernir sobre los programas y elegir a la luz del día, en comicios auténticos, quienes han de ser sus representantes políticos que fundarán o cambiarán la norma suprema de la comunidad que propicia su existencia y cognición. La producción democrática de la Constitución, aunque caracteriza su naturaleza ineludible respecto de la parición jurídica, no presupone –ni mucho menos- una ciudadanía enteramente democrática en su ejercicio, aplicación o realización. La experiencia demuestra significativos actos de crueldad con los enunciados imperativos del poder constituyente originario. Por eso, el abuso de poder, bajo cualquier forma (prohibir elecciones, prohibir la protesta, anular o menguar la división de poderes, evitar el debate congresual, impedir la libertad de expresión, perseguir por vía jurisdiccional –sin fundamentos- a ciudadanos opositores, desfinanciar los partidos políticos, legislar o determinar políticas públicas por intermedio de la jurisdicción, proscripción política, etc.), supone actuaciones contra la democracia que desgarran cualquier posibilidad de edificación de la ciudadanía; en otras palabras: el negacionismo de una ciudadanía democrática. Negar el ejercicio del poder ciudadano puede constituir una verdadera catástrofe y el desguace del Estado Constitucional.