Desafíos de la videovigilancia automatizada

La videovigilancia automatizada y semiautomatizada, con algoritmos de reconocimiento facial y de comportamientos, está generando debates a nivel internacional que son importantes de profundizar sin apresurarnos a conclusiones rápidas, pero tampoco lentas. A diferencia de otros países de América y de Europa, Argentina, aún en 2020 no cuenta con una ley nacional regulatoria de la videovigilancia clásica y, el distrito más poblado y con más cámaras del país, la Provincia de Buenos Aires, tampoco se ha dado un marco regulatorio integral propio. Los frágiles cimientos institucionales que hacen de puerto de llegada a esta tecnología de punta no deberían ser desatendidos si se quieren evitar efectos negativos, no sólo en la protección de la privacidad, sino también en clave de fortalecimiento del derecho a la seguridad, el motivo que legitima su implementación. La intención principal de este escrito, enmarcado en el campo de los estudios de vigilancia y las políticas públicas, es aportar elementos desde las Ciencias Sociales para intentar desentrañar algunos nudos conceptuales que, además de generar malentendidos recurrentes, tienen efectos normativos que colaboran en naturalizar ciertas prácticas que deberían requerir mayor detenimiento. Entre ellos podemos mencionar la imprecisa y mecánica asimilación entre vigilancia y seguridad; la efectividad relativa de los sistemas de videovigilancia en función de seguridad y en función judicial; la relación entre los derechos a la privacidad e intimidad con el espacio público; los vínculos entre lo tecno-lógico y lo ideo-lógico; etc. Estos aspectos serán ejemplificados a partir del caso de la implementación de esta tecnología en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del análisis documental de normativas y documentos oficiales.