El acceso a la información, un derecho que se desdibuja ante un Estado clientelar y patrimonialista

El presente artículo expone los problemas que enfrentó la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, en Guatemala, debido a los legados autoritarios que aún perviven a pesar de haber transitado a la democracia. Estos legados se manifiestan no solo en instituciones, sino también en algunas prácticas (clientelismo y patrimonialismo) que han sido el asidero perfecto para que el Estado funcione de tal forma que algunos actores políticos continúen teniendo privilegios y prebendas. Estas herencias y sus expresiones han afectado el diseño de una norma, pero además han tenido tal peso que han llegado a poner en riesgo su implementación e institucionalización. Esto quedó demostrado en un ejercicio de solicitudes de acceso a la información pública que hizo el periódico digital Plaza Pública. Después de cinco años de la entrada en vigencia de la ley, el camino para garantizar el derecho de acceso a la información y promover acciones que representen claras derrotas a la opacidad y el secretismo aún es escabroso.