EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. UNA APROXIMACIÓN

    Con la reforma del año 2011 al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece la obligación de las autoridades del Estado mexicano de aplicar las normas en materia de derechos humanos de conformidad con la Constitución y los instrumentos internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  En este artículo, el autor sostiene que el aspecto fundamental es el cambio de paradigma: del control de legalidad al control de constitucionalidad y convencionalidad. Con ello, los órganos jurisdiccionales mexicanos podrán ejercer su función de poder contramayoritario protegiendo el ejercicio de las libertades básicas. Con el nuevo marco, el juez nacional se convierte en un juez interamericano, que de oficio, debe ejercer control difuso de convencionalidad para revocar actos y resoluciones que sean contrarias a los derechos humanos.