LAICIDAD DEL DERECHO Y LAICIDAD DE LA MORAL

LAICIDAD”, como gran parte de las palabras del léxico político que se refieren a valores, es un término equívoco y con más de un sentido. Prueba de ello es que los valores de la laicidad son reivindicados por todos, incluso por las jerarquías católicas que, en estos últimos años, los atacan abiertamente. Por ello es oportuno aclarar su significado y alcance. De hecho, hoy más que nunca, el tema de la laicidad es decisivo para el futuro de nuestras democracias. Ello por dos razones que se encuentran relacionadas. En primer lugar, porque esos valores —los valores liberales de la laicidad del derecho y de las instituciones políticas, que provienen de la tradición ilustrada—, nunca han sido del todo aceptados por nuestra cultura política y jurídica y no han inundado realmente —no solamente en Italia— la política y el derecho. Por el contrario, en todo el Occidente democrático, está en curso una especie de regresión en el proceso de secularización, que se manifiesta en el resurgimiento de fenómenos como los fundamentalismos religiosos, el miedo al diferente, la intolerancia y los conflictos étnicos vinculados con nuevas antropologías de la desigualdad. Fenómenos que contradicen los principios de la neutralidad ideológica de las instituciones y de la igualdignidad de las personas que constituyen, como demuestro a continuación, el corolario de la laicidad. Pensemos en el papel legitimador que tiene la religión en la política de agresión estadounidense presentada como una lucha entre el Bien y el Mal, y a la configuración de la guerra contra el terrorismo como choque de civilizaciones. Pero también podemos pensar en la ausencia que existe —por ejemplo en Italia— de una cultura política laica, capaz de rechazar las pretensiones antimodernas e iliberales de la Iglesia católica, que intenta moldear al derecho y a las instituciones para ajustarlas a sus propias concepciones morales —desde la campaña contra el aborto y la procreación asistida, hasta el reconocimiento de las parejas de hecho; desde la imposición del sufrimiento terapéutico a los enfermos terminales: opciones y concepciones que se presentan como “verdaderas”, como verdades reveladas que deben traducirse en normas jurídicas.