Por un reconocimiento constitucional de la responsabilidad por actos lícitos en el derecho chileno

Salvo excepciones, la jurisprudencia chilena actual ha sido reticente en reparar daños y perjuicios causados por actos lícitos. Debido a que esta posición ha sido justificada en base a la ausencia de disposiciones expresas en la Constitución de 1980, y a una reinterpretación de sus normas indirectamente aplicables, el proceso de cambio constitucional ofrece una oportunidad para facilitar tales reparaciones en Chile, superando de esta forma ciertos límites de su responsabilidad estatal, que se alejan de las soluciones que influencian su Derecho administrativo.