La mejora regulatoria en España: los nuevos principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las administraciones públicas

La mejora de la calidad de las normas se ha convertido, en los últimos años, en una prioridad para los países de nuestro entorno, debido, entre otros factores, a su consideración como factor estratégico para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la competitividad. La política de mejora de la regulación se ha impulsado de forma muy representativa, desde hace más de dos décadas, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por la Unión Europea. En España, se ha desarrollado de forma más reciente y ha recibido un impulso significativo en 2015, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que incluye un nuevo Título, el VI, destinado a regular la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Este trabajo, trasexaminar la evolución de la mejora regulatoria en España, se centra en el análisis de las novedades incorporadas en esta materia por la citada Ley 39/2015. En particular, se analizan en profundidad, además de los principios de buena regulación incluidos en esta Ley (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera), los tres instrumentos de mejora regulatoria recogidos en ella: la evaluación normativa y la adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación; la planificación normativa; y la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.