Las Fuerzas Armadas en el nuevo ciclo de la vida política española

El Tribunal Militar que juzgó en Consejo de Guerra a los implicados en el golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 dictó sentencia en la primavera de 1982. Se cumplió así uno de los objetivos del programa de gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, gobierno de centro derecha, Unión de Centro Democrático (UCD). Una vez conocida la sentencia el gobierno la recurrió ante el Tribunal Supremo. El motivo nada tenía que ver con discrepancias respecto del procedimiento judicial o porque se pretendiera aumentar las condenas a los implicados. La razón se explica en términos históricos y de alta política. Se quiso demostrar que en el proceso de consolidación de la democracia en España la última palabra la dictaba el poder civil. El gobierno demostró un notable coraje político. Se puso fin a la peculiar y desigual relación de las fuerzas armadas en la vida política española. En la historia contemporánea el poder militar, a pesar de sus carencias y limitaciones de todo tipo, siempre mostró su fortaleza frente al poder civil. Con el recurso ante el Tribunal Supremo terminaba lo que se puede denominar síndrome Balmes. Se resume con las propias palabras del ensayista: "No creemos que el poder civil sea flaco porque el militar sea fuerte; sino que, por el contrario, el poder militar es fuerte porque el civil es flaco... La fuerza del poder civil será la ruina del poder militar, que dejará de ser poder y pasará a ser una clase más del Estado" (Balmes, 1950. pp. 569-575).