El derecho a la vivienda digna para la población desplazada víctima del conflicto armado colombiano, residente en Tunja

El desplazamiento forzado se ha convertido en Colombia en uno de los problemas sociales de mayor connotación, que amerita atención por las múltiples consecuencias que se derivan de las omisiones presentadas. Por tal motivo se requirió investigar las políticas públicas desarrolladas por el municipio de Tunja, en lo que respecta a la satisfacción del derecho fundamental a la vivienda digna de la población desplazada víctima del conflicto armado. Investigación que estuvo sustentada en los planteamientos establecidos en la sentencia T-025 de 2004, de la Corte Constitucional, que sienta un precedente jurisprudencial con fundamento en los antecedentes generados en este campo y con las sentencias unificadas posteriores, al igual que con el seguimiento continuo que se le ha dado a dicho problema a nivel nacional, en aquellos departamentos y municipios con mayor presencia de desplazados, donde ni el departamento de Boyacá y menos el municipio de Tunja, aparecen en las estadísticas nacionales como centros receptores de población desplazada, pese a que según estadísticas de la Personería Municipal de Tunja, son aproximadamente 500 familias. No obstante los múltiples autos de seguimiento a la sentencia T–025 de 2004, la situación de los desplazados en materia de otorgamiento de vivienda como derecho fundamental, sigue siendo pésima en el caso de la población residente en Tunja, por la forma tan burda como el Estado a través de sus diversas dependencias, les rapó las 99 oportunidades de vivienda, al mismo número de familias. Valga decir que, en este caso, el municipio es el responsable de este atropello.