Pautas y recomendaciones técnico-jurídicas para la configuración de un canal de denuncias eficaz en organizaciones públicas y privadas. La perspectiva española

Este artículo, parte de una premisa básica: en los últimos años, se han descubierto multitud de casos graves de corrupción que han afectado la credibilidad de las Administraciones públicas, pero también la del sector privado. Sectores como el urbanismo o la contratación pública han sido prolijos en cuanto al acontecimiento de actividades criminales que socavan el buen funcionamiento de la Administración pública y la actividad empresarial con base en la ética y la legalidad. En consecuencia, se considera fundamental implementar mecanismos internos de denuncia para mejorar las organizaciones (públicas y privadas), descubriendo prematuramente conductas ilícitas y, a su vez, identificando a las personas naturales responsables de tales hechos. De la misma manera, para las empresas, la constatación de la eficacia de los canales de denuncia en sede judicial coadyuva a las defensas corporativas en el logro de la exención de la responsabilidad penal. Por ello, desde una perspectiva técnica, se ofrecen pautas y recomendaciones a partir del estudio de distintas regulaciones para el incremento de la eficacia de estos canales y para la reducción de la inseguridad jurídica que acontece en España, ante la parca redacción del Código Penal. Asimismo, se aborda el anonimato, la delación remunerada y la protección del denunciante frente a represalias.