Derechos económicos, sociales y culturales como límites a las políticas públicas: el caso del derecho a la educación en Chile

Respecto de la legitimidad democrática de un gobierno se ha convertido en un lugar común sostener que la elección por los ciudadanos de un determinado conglomerado para que asuma el gobierno (principio democrático) dota a este de la legitimidad necesaria y suficiente para implementar políticas públicas que su programa o la contingencia política vayan exigiendo. La cuestión que se aborda es si la política pública tiene o no límite en los derechos humanos. En concreto, se intenta responder a la pregunta de si resulta legítima y ajustada a derecho una política pública de un gobierno democrático aunque amenace o lesione derechos sociales, económicos y culturales. Específicamente, se intenta responder a la cuestión de si es legítima y ajustada a derecho una política pública que no financie la educación superior estatal universitaria y no establezca la gratuidad de la educación superior en Chile, siendo esta una de las demandas sociales más importante en los últimos años.