Aspectos generales y definiciones

Desde la fundación de las primeras organizaciones políticas o Estados, ha sido indiscutible el esfuerzo de estos al dedicar gran parte de su actividad de vigilancia y control a la creación de entes encargados de proteger el patrimonio público y privado, en aras de salvaguardar los derechos económicos y las libertades individuales y sociales de su pueblo y población. De allí que los ordenamientos jurídicos superiores han definido como un deber del Estado el garantizar la convivencia pacífica, equitativa y justa, por lo que la comisión de delitos afecta directamente esta función debilitando la estabilidad económica y la seguridad nacional.