Análisis crítico de las políticas públicas que garantizan la propiedad de la tierra de la mujer rural

Colombia ha atravesado, en los últimos años, por diversos acontecimientos sociohistóricos generados por el conflicto armado, que a su vez se ha derivado de la desigualdad social, especialmente en lo referente a la propiedad de la tierra. Se han adelantado varios procesos con grupos al margen de la ley durante diferentes gobiernos, que han pretendido alcanzar la tan anhelada paz, inclinándose por concebir un espacio sociopolítico ajustado a una nueva realidad social, que permita la participación política de nuevos actores y, de esta manera, generar una política más incluyente. Algunos grupos armados, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han participado de manera activa en estos procesos; sin embargo, y pese a los logros alcanzados con los Acuerdos, el fenómeno del conflicto armado en el país se ha trasformado, impactando así diferentes esferas de la sociedad. Estas luchas oscilan desde la disputa por el poder político hasta el control y la tenencia de la tierra, lo que hace que el territorio se considere un elemento esencial de la lucha armada, por lo que esta propende por una nueva redistribución de la tierra, es decir, una reforma agraria. El Gobierno nacional ha implementado políticas públicas con un enfoque de género, acción que tiene por objetivo asegurar el retorno de la familia a la zona rural y, así, garantizar, entre otras exigencias, el autoabastecimiento que brinde condiciones de vida digna para la familia y, en especial, para la mujer.