El principio general del derecho de confianza legítima

En el marco de los principios de una buena administración pública destacan, entre otros, los de seguridad jurídica, buena fé y confianza legítima. En concreto este principio significa que las expectativas que la Administración pública ha generado con sus actuaciones deben ser respetadas en el futuro de acuerdo con los principios de congruencia y coherencia salvo que se justifique en concreto, con argumentos razonables, la necesidad de proceder de otra forma.