Ciberseguridad y Estado autonómico

La protección de la seguridad en el ciberespacio se ha convertido en una prioridad para los poderes públicos, que exige el desarrollo de políticas adecuadas para prevenir y contrarrestar las amenazas que se materializan en el mundo virtual. El Estado es el actor principal en el campo de la ciberseguridad, sin perjuicio de la dificultad para delimitar las actuaciones en un espacio que, por definición, no puede acotarse a través de fronteras y jurisdicciones. En los Estados descentralizados se plantea el debate sobre el alcance de las competencias de las entidades subestatales en materia de ciberseguridad, especialmente cuando los Gobiernos, organismos y servicios públicos regionales y locales destacan cada vez más como objeto de las acciones maliciosas en el espacio virtual. En España, la delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha sido precisada por el Tribunal Constitucional en la STC 142/2018, de 20 de diciembre, en coherencia con su doctrina y con la concepción racional del sistema de seguridad nacional.