El mandato del artículo 16.3 de la Constitución a los poderes públicos y escuela: más allá de la instrucción

Desde la aprobación de la Constitución, en 1978, la «cuestión religiosa» ha sufrido diversos cambios. En el ámbito jurídico, sin duda, lo más relevante ha sido el paso de un Estado totalitario y confesional a uno democrático y de laicidad positiva. Desde la perspectiva social, y precisamente gracias al nuevo modelo de libertad religiosa, España ha pasado de ser un país con una sola fe a uno con pluralidad religiosa. El artículo 16.3 obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias de la sociedad española. Procede, ahora, ver en qué medida este mandato afecta a la escuela.