Políticas públicas y gobierno abierto

En el presente trabajo nos interpelamos sobre la utilidad de la política pública, su mensurabilidad y las herramientas adecuadas para el control permanente de su diseño e implementación. Partiendo de la experiencia del Open Goverment Partnership a instancias del presidente Obama durante su primer gobierno -advirtiendo que la simple utilización de la web por parte de las Administraciones Públicas no implican cumplir con estándares de ‘gobierno abierto’-, se define a la política pública como aquella tendiente a resolver ‘problemas públicos relevantes’. A ese fin, discurren en un proceso consistente en: agenda, formulación, adopción, implementación, seguimiento y evaluación. Asimismo se intenta una clasificación de las mismas y una puesta a punto de un sistema de valores en los que necesariamente deben legitimarse. Por último, se considera que la problemática debe estar contenida en los planes de estudio de las carreras de abogacía, bajo el entendimiento de que la información pública es una forma de infraestructura, con el mismo nivel de importancia que otras infraestructuras (agua, electricidad, caminos viales). Las universidades, entonces, pueden constituirse de manera articulada junto a diversos niveles estatales, en la matriz que genere datos de valor público, permitiendo forjar sistemas y procesos de actuación estatal con participación y control social, a fin de observar el desempeño de los órganos gubernamentales, sus funcionarios, ver cómo toman las decisiones, qué hacen con los recursos humanos y materiales, para en definitiva, propender a la reducción de los niveles de corrupción y a la mejora en la utilización de los bienes del Estado, al empoderamiento de los ciudadanos para que ellos también tomen las mejores decisiones, no sólo al momento de emitir su voto.