Articulación territorial de la gestión de plaguicidas en el marco de la protección fitosanitaria. El caso del valle agrícola de Rioverde y Ciudad Fernández, San Luis Potosí

La sanidad y la protección vegetal tienen como finalidad generar acciones para el control de plagas y enfermedades agrícolas, el uso de plaguicidas y la determinación de estatus fitosanitario para la comercialización en el marco de la seguridad alimentaria. Sin embargo, la protección vegetal como instrumento normativo y de regulación se ha quedado en la escala mundial y nacional, cuando el manejo de plagas es principalmente local (la finca o la parcela). Existe una desarticulación institucional y territorial en cuanto a la regulación de plaguicidas. A nivel mundial, se reconoció el Manejo Integrado de Plagas (MIP) cómo la política pública del manejo y control de plagas, a nivel local esa estructura no llegó y no se aplica por la inexistencia del modelo de extensionismo fitosanitario. Los actores que controlan la gestión de plaguicidas son las llamadas “casas agronómicas” que son pequeños negocios particulares que enfrentan políticas laxas tanto agrícolas, ambientales y de salud, actúan al margen de la normativa estatal y nacional. Establecen acuerdos y “reglas de juego” que estimulan y facilitan el uso indiscriminado de los agroquímicos. Tal es caso del valle agrícola de Rioverde y Ciudad Fernández, San Luis Potosí, particularmente en el ejido El Refugio se aplican plaguicidas restringidos como: Diazinon, Glifosato, Carbofuran, Clorpirifos Etil, Metamidofos, Metomilo y Monocrotofos, todos Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP). Por lo antes mencionado, este trabajo tuvo como objetivo, demostrar que los problemas de gobernanza territorial constituyen el reto más importante para afrontar y resolver el problema de plaguicidas en México.