Un análisis de las reformas judiciales de Argentina, Chile y Uruguay

Este artículo trata sobre las reformas judiciales en Sudamérica, durante los años 90. Muestra que tanto en el caso de la Argentina como en el de Chile, las reformas a los códigos de procedimiento estuvieron motivadas por tres factores centrales, vinculados con el doble pro­ceso de democratización y liberalización económica: i) la preocupación con la violación de dere­chos humanos que provenía de los pasados regímenes autoritarios; ii) el deseo de crear ambientes legales estables tanto para los derechos de propiedad como para la inversión extranjera; y iii) la preocupación pública en torno a tasas de criminalidad cada vez más altas. Las reformas consti­tucionales que afectaron a las Cortes Supremas tanto en la Argentina como en Chile estuvieron vinculadas por razones estrictamente auto-interesadas. En última instancia, estas reformas fue­ron el resultado de compromisos políticos entre la izquierda y la derecha en respuesta a parti­culares eventos nacionales. En Uruguay, los frustrados intentos por desarrollar reformas en el código de procedimientos criminales y en el ámbito de la Corte Suprema pueden atribuirse a una combinación de falta de voluntad política, la carencia de apoyo a las mismas reformas judi­ciales, y una falta de recursos económicos. Notablemente, el análisis muestra que en ninguno de los tres países examinados las agencias internacionales han jugado un rol significativo a la hora de promover reformas u ofrecer asistencia financiera o técnica en favor de los cambios en los códigos de procedimiento o en la organización de las Cortes Supremas. Ello sugiere que estos dos tipos de reformas judiciales en el Cono Sur han sido motivados, ante todo, a partir de deman­das nacionales, y no a partir de una presión internacional –lo que muestra una diferencia impor­tante en el contexto de reformas que distinguió a estos tres países latinoamericanos–, y el que se dio en otros países de la región.