Balance del año y reflexiones finales desde la sociedad chilena

El estallido social invita a revisitar la relación entre el pueblo mapuche y el Estado desde la perspectiva chilena. Los antecedentes de esta relación dan cuenta del carácter estructural que el racismo y la discriminación han tenido en la construcción de dicha relación. A pesar de que el estallido expande la legitimidad de los reclamos mapuche y los articula con las demandas transversales del pueblo chileno, la respuesta del Estado y de las elites no se sustrae de lo que ha sido su práctica habitual: construir una imagen del otro funcional a los intereses mercantiles que sirven de soporte a sus propuestas modernizadoras. La incapacidad de reflexionar teóricamente acerca del problema junto con la miopía de la autoridad al analizar sus propios datos y su fijación con la propiedad privada individual, le lleva a un doble fracaso: el del Plan Araucanía y el de la Consulta Indígena. Frente a las demandas mapuche, al gobierno no cabe sino apelar a un estado de derecho que sirve a los propósitos empresariales y al ejercicio de la represión como medio de control. El escenario se torna, a pesar del avance del movimiento popular, inestable dando lugar a una tensión creciente que no pareciera modificar en lo sustantivo lo que ha sido el patrón histórico. Por otra parte, la convergencia del pueblo mapuche y chileno en su movilización contra el neoliberalismo abre las puertas a un diálogo intercultural que pudiera transformar la relación entre el Estado y el pueblo mapuche.