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El sistema establecido por la Constitucion de 1978 en orden a la estructuracion territorial del Estado nacio acompanado, como ya se ha dicho, de la critica casi unanime de los especialistas y del beneplacito de la mayor parte de los politicos. Sin embargo, no ha sido necesario mas de un ano para que las consecuencias politicas de la aplicacion de aquel sistema comiencen a aparecer como el autentico obstaculo para el normal desarrollo de nuestra Constitucion. La teoria ha hecho hasta ahora grandes esfuerzos para dilucidar si el modelo de Estado establecido es un modelo de Estado regional, federal, autonomico o unitario, perdiendo de vista el hecho, relativamente simple, de que nuestra Constitucion no establece un modelo de Estado, sino la posibilidad de que las regiones y, en algunos casos, entidades no regionales opten entre un abanico de soluciones que van desde el mantenimiento del statu quo hasta formas de organizacion que superarian con mucho los niveles de descentralizacion de la mayor parte de los Estados federales. En la Constitucion no solo no se establece un modelo de Estado para el presente, sino que tampoco hay nada que nos permita saber a ciencia cierta el tipo de Estado que tendremos en el futuro. La Constitucion deja el tema de la distribucion territorial del poder basicamente indeterminado y en manos, por consiguiente, de la cambiante sobre todo de los hoy por hoy inestables equilibrios en el sistema de partidos. Las consecuencias no se han hecho esperar y la organizacion territorial del Estado se ha convertido, detras de la crisis economica, en el problema mas grave con que se enfrenta la implantacion de la democracia en nuestro pais. En el plano cientifico, la relativa abundancia de trabajos referidos a temas tales como la distribucion de competencias, la naturaleza de las mismas, el caracter privilegiado o no privuegiado de cierto tipo de autonomias y otros

El desarrollo del Título VIII de la Constitución y el sistema de partidos