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En términos jurídico-constitucionales, la defensa contra la contaminación ambiental abarca un doble ámbito de consideración: en primer lugar, el artículo 45 de la Constitución (CE), que constitucionaliza el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y, al mismo tiempo, el deber de conservarlo; y, en segundo término, el encuadramiento sistemático de dicho precepto constitucional en el capítulo III del Título I de la CE, del que inequívocamente se infiere la obligación de rango constitucional de acción inherente al Estado social y democrático de Derecho, conforme a las previsiones establecidas en los artículos 1o.1 y 10.1 de la propia CE.

Aspectos constitucionales de la defensa jurídica contra el fenómeno del ruido