Reflexiones en torno a la última actualización del derecho al olvido digital

Hablar de la irrupcion de Internet como detonante de una serie de cambios profundos en nuestra cultura juridica se ha convertido ya en un lugar comun para este tipo de trabajos de investigacion. No obstante, debido a la inherente fluidez de los servicios y prestaciones que la red ofrece, es necesario profundizar en los efectos que las nuevas tecnologias han  provocado en la configuracion de nuestros derechos fundamentales y de nuestras instituciones juridicas y politicas. Junto con la necesaria puesta al dia de las formas de ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitucion, Internet ha conllevado la creacion de derechos nuevos que, si bien encuentran su fundamento en derechos preexistentes, suponen una adaptacion de construcciones clasicas a los requerimientos de los nuevos tiempos. Entre ellos, ocupa un lugar preeminente el derecho al olvido, por la cantidad de estudios a que ha dado lugar y por el reciente reconocimiento expreso en el Reglamento General de Proteccion de Datos a nivel europeo. Dicha norma ha supuesto la derogacion de la Directiva Europea 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 y la promulgacion de la nueva Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales. Pese a los numerosos interrogantes que todavia plantea la interpretacion y aplicacion de sus muchos preceptos, se trata del primer texto legal directamente aplicable en Espana que se refiere por su nombre al derecho al olvido, entendido como esa pretension de muchos usuarios de Internet de que sus datos sean retirados de la vista y escrutinio publico, con independencia de que su tratamiento haya sido o no consentido. Este trabajo se ocupara del analisis de este nuevo derecho de supresion de datos a la luz de las actualizaciones mas recientes en su regimen juridico, tras la entrada en vigor de dicho Reglamento y algunos pronunciamientos de tribunales comunitarios y nacionales, que van contribuyendo a dotarlo de perfiles cada vez mas nitidos. De lo que no cabe duda alguna es de que, frente a Internet, erigido en factor que esta suponiendo un cambio integral de paradigma, no solo juridico, sino global, la respuesta ofrecida desde el Derecho no puede prescindir de un enfoque lo mas amplio posible, con la finalidad de ofrecer soluciones satisfactorias a los ciudadanos para el creciente numero de situaciones de riesgo a las que se enfrentan diariamente, y de prever los conflictos que puedan ocasionarse en el futuro.