Legalidad y constitucionalidad

El Tribunal Constitucional controla a los Poderes del Estado, pero con un notable esfuerzo de autocontención. Buena prueba de ello fue la reforma que supeditó la admisión de recursos de amparo a la especial trascendencia constitucional de la vulneración de un derecho. Ello obliga a revisar el temor a que un planteamiento neoconstitucionalista pueda poner en riesgo el principio de legalidad. Resulta, por el contrario, comprensible que se lo considere cercano al iusnaturalismo; sobre todo si se suscribe el empeño de considerar morales a todas las exigencias jurídicas no legalizadas, o se estima incompatible con el iusnaturalismo el reconocimiento de la juridicidad de la ley injusta. La STC 11/2016, de 1 de febrero puede, entre otras, ayudar a reflexionar sobre el particular; así como la STC 80/1982 alertó sobre la existencia de exigencias jurídicas no legalizadas.