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A raíz de los hechos que se ven registrados en la realidad nacional peruana, actores políticos están siendo evaluados en un comportamiento típico respecto de una presunta ejecución de corrupción, especialmente a raíz del descubrimiento de los actos ejecutados en América Latina por Odebrecht. &#x0D;Sin embargo, este contexto está representando un verdadero problema tanto social, político como legal, por cuanto los contextos que se van descubriendo no sólo permiten detallar actos visibles de corrupción pero que no logran vincular un contexto procedimental en el ámbito jurisdiccional eficiente que finalmente conduzca a la imposición de una condena contra un presunto autor de un delito contra la administración pública. &#x0D;Una referencia muy importante si tomamos en cuenta que los actores evaluados en este contexto han ostentado altas funciones en la gestión gubernamental en el país, tanto a nivel de Presidentes de la República como gobernadores regionales o alcaldes, y que por ello lo delimitaremos al ámbito del estudio de casos vinculados a la esfera parlamentaria.&#x0D;Referencia muy coyuntural que permite evaluar el límite de capacidades del Ministerio Público y del Poder Judicial ante un elevado número de personas que podrían plantear acciones de garantía en defensa de sus intereses, a pesar de los hechos de corrupción en los cuales se han visto involucrados.

LA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS DE LOS PARLAMENTARIOS VINCULADOS A LA COMISIÓN DE DELITOS