Respuesta del sistema judicial a las relaciones de abuso de poder en el entorno educativo

El objetivo de este artículo es dar a conocer en los ambientes psicoeducativos la Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado para el tratamiento del maltrato entre iguales (bullying en la extendida terminología anglosajona) por los Excmos. e Ilmos. Sres. Fiscales Jefes cuando los actos de abuso sean denunciados ante la Policía o ante la Fiscalía de Menores. Esta Instrucción pretende orientar el proceso al no haber en nuestro Ordena-miento jurídico un marco legal específico para el fenómeno de la violencia escolar. El tratamiento judicial al problema de la violencia escolar ha de estar basado en un principio de intervención mínima y el papel que se le asigna a la justicia juvenil en la lucha contra este fenómeno tiene un carácter subsidiario y reactivo. La respuesta al maltrato escolar desde la jurisdicción de menores debe girar sobre tres aspectos esenciales: protección de la víctima con cesación inmediata del acoso, respuesta educativa sancionadora al agresor, modulada según sus circunstancias psicológicas, sociales y familiares, y según la entidad de los hechos cometidos y, en su caso, reparación de daños y perjuicios. Dicha respuesta se basa en tres pilares básicos: la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución y la Legislación Educativa, además de en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM).