CONTRATOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

A) La ordenación comunitaria de la contratación pública, que arranca de la década de 1970, pretendía inicialmente contribuir a la garantía de la libertad de establecimiento (así se reconoció expresamente en el Programa General, de 18 de diciembre de 1971, para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento), aunque realmente afectaba a todas las libertades básicas comunitarias, como se ha reconocido en las diferentes Directivas que se han aprobado, desde luego a partir del Vademécum sobre los contratos públicos en la Comunidad, de 31 de diciembre de 1987. El ámbito de la contratación pública presenta, en términos generales, una importancia sumamente destacada, en atención al volumen económico que en él queda comprendido y a las consecuencias de orden económico que produce; en el citado Vademécum se hizo notar que los contratos públicos representan una parte considerable del PIB, señalando que «los poderes públicos han visto en ellos, ante todo, un instrumento de su propia política económica, a pesar de los objetivos de liberalización comunitaria fijados por los Tratados y por los programas generales», con la consecuencia de un «enorme aumento de costes.../... En el contexto económico actual, la Comisión no puede permitirse el lujo de tales derroches ni de prescindir por más tiempo de las múltiples ventajas derivadas de una verdadera apertura de dicho sector a escala europea».