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La aprobación por las Cortes Españolas, en julio de 1945, de la nueva Ley de Bases de Régimen Local, ha originado hondas transformaciones en la vida de los Municipios españoles y especialmente ha modificado la estructura de las Haciendas Locales en múltiples de sus aspectos. No es mi intención referirme a los problemas que la adaptación de las Haciendas municipales a la nueva ordenación ha de originar. Es solamente mi propósito de hoy estudiar el problema referente a la revisión de las cartas municipales ordenada tanto por el Decreto de 25 de enero de 1946, como por la Orden de 14 de marzo del mismo año, cumpliendo ambos preceptos las disposiciones emanadas de la segunda disposición transitoria de la Ley de Bases de 17 de julio de 1945. Dice el artículo 6.° de la referida Orden de 14 de marzo, que «los Ayuntamientos en régimen económico de Carta deben solicitar de este Ministerio, por conducto de la respectiva Delegación de Hacienda, antes del día^l. de mayo próximo, la revisión de aquélla o la reintegración al régimen común. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese deducido petición alguna, se entenderá que la Corporación renuncia al expresado régimen de Carta». Y dispone la primera de las disposiciones transitorias del Decreto de 25 de enero, que regula provisionalmente las Haciendas Locales, que «los Ayuntamientos en régimen de Carta económica propondrán al Gobierno la revisión de aquélla o la reintegración al régimen común, sin perjuicio de mantener entre tanto la vigencia de dicha Carta. En ningún caso podrán subsistir en régimen de Carta recursos suprimidos por este Decreto».

LA REVISION DE LAS CARTAS ECONOMICAS.