LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LA DESPENALIZACION DE FALTAS CONTRA EL REGIMEN DE LAS POBLACIONES.

Uno de los problemas mas senalados por la doctrina a la hora de estudiar la potestad sancionadora de la Administracion es la existencia de zonas borrosas en las que las facultades gubernativas de correccion se confunden con las medidas judiciales a adoptar contra los ilicitos penales (1). La Constitucion espanola de 1978 ha optado, como es bien sabido y no menos discutible, por la perpetuacion del poder sancionador de los entes publicos, manteniendo su configuracion de potestad en sentido tecnico, en tanto que facultad conferida a la Administracion directamente por el ordenamiento y no en virtud de una relacion juridica (2). En efecto, el articulo 25.3 de la norma fundamental ha defendido