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El estudio de este tema por su actualidad y afectación a tantos funcionarios da la impresión de que sobre el mismo queda poco por decir, de estar legal y jurídicamente agotado, sancionado, sin que al parecer merezca la pena reconsiderarlo. Somos conscientes de que las dudas que vertemos en este trabajo habrán sido ya, o serán en breve, superadas y aclaradas por ilustres compañeros de mejor pluma, por lo que agradecemos afectuosamente a la Junta Colegial y a los responsables de esta Revista la deferencia que con su publicación han dispensado a estas cuartillas. El precedente y las directrices enmarcadas en las recientes sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre anticipación de la edad de jubilación de los funcionarios públicos, así como el efecto de «santidad» juzgada que estos fallos judiciales proclaman han mermado, sin duda, el ánimo de esos jubilados y posiblemente reducido el interés por su estudio de juristas y tratadistas pues, no en vano, tales pronunciamientos dimanan de las dos más altas instancias del Poder Judicial. Y esto supone un signo negativo por cuanto la problemática que esas cuestiones plantean suele tener una muy acusada proyección social, legal y hasta política.

LA IMPUGNACION DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION POR JUBILACION ANTICIPADA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.